Autonomía sindical y estabilidad laboral

Por Raúl Moreno Wonchee.

México, D. F., 19 de octubre de 2007.- Al llegar a la Presidencia, Felipe Calderón se encontró con el desastre nacional que dejó Fox y no tuvo más remedio que asumirlo y emprender las reparaciones necesarias para conseguir un mínimo de condiciones que le permitieran gobernar. Así se explica la prioridad otorgada al combate al narcotráfico pues la irresponsabilidad, por decir lo menos, del gobierno anterior comprometió la seguridad nacional y con ella la soberanía. (Entre paréntesis, este sería un buen motivo para juzgar a Fox si los justicieros posexenales quisieran ir más allá de la comedia de su explicable enriquecimiento).

La política exterior también requirió la atención prioritaria del Presidente, sobre todo en las relaciones con América Latina donde Fox se puso al servicio de Bush lo que nos distanció y aún confrontó con países hermanos y atentó contra intereses nacionales estratégicos. (Otra vez entre paréntesis, este sería otro tema para los justicieros si quisieran dejar la ópera bufa). También reclamaba la atención inmediata del Presidente Calderón eel conflicto generado por su antecesor cuando la Secretaría del Trabajo intervino en el Sindicato Minero Metalúrgico para deponer a su directiva e imponerle una obsecuente con las autoridades y con Industrial Minera México que les permitiera soslayar su deuda laboral y jurídica por la tragedia de Pasta de Conchos.

A diferencia de los comediantes, el Presidente debía actuar y eso ha hecho. Con suerte dispareja en la lucha contra los narcos por las dimensiones que alcanzó el problema cuya naturaleza reclama algo más que la acción policíaca y militar para alcanzar soluciones. En la política exterior, el Presidente ha comenzado a reposicionar a México en América Latina rebasando por la izquierda a las oposiciones que lejos de sumarse al proceso de reencuentro, lo han lastrado. Ni el PRI ni el PRD tienen planteamientos programáticos sobre América Latina lo que es una negación de su trayectoria y principios históricos, aunque debe reconocerse que en los 50 puntos de su última propuesta electoral, Andrés Manuel proponía impulsar el ALCA.

Frente al conflicto minero el titular del Trabajo se estrenó restaurando la legalidad en la relación entre la Secretaría y el sindicato al reconocer a la directiva de éste y encauzar por la vía legal las artificiosas acusaciones contra los líderes sindicales orquestadas por Minera México y que poco a poco se iban desmontando.

Pero algo pasó. Puede suponerse que el Grupo México usó su gran poder económico y político para presionar al secretario que repentinamente cambió de actitud. El secretario de Gobernación en ningún momento se acomidió, como era su deber, a ayudar al secretario Lozano en su labor de conciliación y reencauzamiento legal del conflicto. La omisión de Ramírez Acuña se agravó cuando el exchino Zhen Li Yegon calumnió vilmente a Lozano quien debió enfrentar en solitario una bronca que le correspondía al gobierno. Entonces se hizo evidente la manipulación desde Bucareli del tema del narco como vía para debilitar a unos en beneficio de otros.

Lozano se dobló y Minera México reemprendió su ofensiva contra los trabajadores: con gran despliegue mediático relanzó las acusaciones contra la directiva sindical, intentó ilegalizar las huelgas en Cananea, Sombrerete y Taxco, y por medio de un sindicato blanco demandó recuentos en ocho secciones sindicales de empresas del Grupo México. Aunque se mantienen las acusaciones contra la directiva sindical, la campaña mediática contra el sindicato fue suspendida lo que debe acreditarse a gestiones de Lozano. La inexistencia de las huelgas decretada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue anulada por sendas resoluciones judiciales que ampararon a los trabajadores. Pero en las ocho secciones sindicales los recuentos se hicieron al margen de la ley, con el ejército y la policía federal impidiendo la asistencia de los representantes del Sindicato Nacional e intimidando a los trabajadores que además fueron objeto de amenazas y presiones de las empresas. La Junta se apresuró a  reconocer al sindicato blanco lo que volvió a poner el conflicto en sus términos originales: la defensa de la autonomía sindical contra la injerencia del gobierno y las empresas.

Esta situación, a la que se suma el hostigamiento mediático contra sindicatos como el Mexicano de Electricistas, el del Seguro Social, los de pilotos y sobrecargos de aviación, el de trabajadores de la educación, contradice el interés del Presidente de normalizar este ámbito de la vida social en el que radica uno de los pocos activos con los que concurre México a la globalización: la estabilidad laboral.

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